Una epidemia silenciosa

El año pasado los episodios de violencia en contra de mujeres aumentaron dramáticamente. Y muchos tuvieron lugar en el entorno familiar. Pero aunque en números absolutos este parece ser el principal problema de seguridad pública de Nicaragua, también es el que menos se denuncia y el que más casos de impunidad refleja. Eloísa Ibarra viajó al norte del país, donde las cifras son particularmente alarmantes, para intentar comprender por qué.

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La tarde del 24 de agosto de 2008 la palabra amigos se convirtió para Martha en algo hueco, sin ningún valor ni sentido.

Ese día, dos “amigos”, compañeros de clase en una universidad de Matagalpa, la violaron después de darle una combinación de licores con gaseosa. 

El concepto positivo del sexo masculino que esta muchacha de 17 años se había formado en la secundaria, a través de las relaciones fraternas con sus amigos varones, se destruyó y nunca más volverá a ser el mismo.

“Creía que eran mis amigos, por eso confié en tomarme dos tragos, después que insistieron diciéndome que no me pasaría nada. Todo fue mentira. Comencé a sentirme muy mareada y no supe nada más, hasta que desperté, sola, en la casa de uno de ellos donde nos habíamos reunido”, recuerda.

“Siempre —refiere con dolor— he tenido cuidado en la calle, con los desconocidos. Pero nunca pensé que personas en las que confiaba me hicieran daño y ahora desconfío de los varones”.

Martha (no es su verdadero nombre) nunca había tenido relaciones sexuales y deseaba, como muchas jóvenes, que su primera vez fuera con alguien que la amara. La experiencia vivida fue tan dolorosa que intentó el suicidio.

“Intenté suicidarme varias veces, pero desistí después de recibir terapia con las mujeres del Grupo Venancia de Matagalpa, con quienes hice un trato de no suicidio”, recuerda, mientras su mirada se pierde, seguramente en esos momentos que preferiría olvidar.

Conversar con las mujeres o menores víctimas de delitos sexuales y violencia intrafamiliar es muy difícil, porque significa revivir lo vivido. 

El Grupo Venancia atiende numerosos casos, pero sólo dos mujeres aceptaron conversar con nosotros después de muchas explicaciones en torno al objetivo del reportaje.

Para las mujeres, el problema de la delincuencia resulta más pesado que para los hombres, porque además de cuidarse en la calle, muchas tienen que protegerse en su propia casa y de las personas más cercanas: la pareja, el padre, el padrastro, tíos, primos, novios y amigos.

Y el Informe de Desarrollo Humano para América Central 2009-2010, presentado en octubre pasado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), reveló claramente la magnitud de la cara invisible de la inseguridad ciudadana, que es la violencia contra la mujer, la adolescencia y la niñez.

Los datos son alarmantes. Según las estadísticas de la Policía Nacional, en el año 2008 las mujeres fueron víctimas de 50 mil 462 delitos. 

Y la jefa de la Policía Nacional, Aminta Granera, reconoció que, el año pasado, de cada diez casos de agresiones reportadas en contra de mujeres, sólo dos resultaron en denuncias formales ante la Comisaría de la Mujer.

Esto demuestra que, pese a ser el principal problema de la seguridad pública, es el que menos se denuncia y el que más casos de impunidad refleja.

Los datos de la Comisaría de la Mujer también indican que la violencia intrafamiliar se ha incrementado en los últimos años. 

Entre enero y septiembre del 2008, por ejemplo, estas instancias atendieron 67 mil 371 denuncias. Un año después, en el mismo período, se registraron 99 mil 291. ¡Un aumento de casi 32 mil!

Igual o más impactante es el hecho de que una de cada tres mujeres de Nicaragua, casada o en unión de hecho estable, ha sufrido violencia física o sexual en su vida.

Y que la mitad de las víctimas reportan que su primera experiencia de abuso ocurrió antes de los 15 años de edad.

La violencia contra las mujeres, sin embargo, no conoce de edad, nivel académico ni posición social. Odette Leytón, responsable de la Unidad de Género del Ministerio Público, afirma que en los estratos sociales más altos hay bastante violencia, pero no se denuncia, como sí pasa en los estratos más bajos, por guardar apariencias y asuntos económicos.

Números que asustan

Entre enero y septiembre de 2009 se recibieron 13 mil 830 denuncias sobre delitos sexuales (violación, abuso sexual, estupro).

Más de 350 mujeres fueron violadas cada mes en Nicaragua durante ese período, es decir, más de 13 cada día, para un total de 3 mil 300 casos.

Más de 8 mil 200 niñas y niños con edades de uno a 16 años vivieron abuso sexual y violación en sus diferentes expresiones.

Fuente: Comparativo de Indicadores Estadísticos 2008-2009, Dirección de Comisarías de la Mujer y la Niñez. Tomado de "Queremos vivir sin violencia". Suplemento especial de La Boletina.

María es una menor de 14 años, originaria de Matiguás, quien conversa con mucha timidez de las situaciones de violencia que ha vivido a pesar de su corta edad. 

Fue abandonada por su madre y a su padre nunca lo conoció. La madre sustituta que la atiende refiere que la menor fue violada la primera vez cuando tenía once años, por el marido de una señora a quien se la había entregado Mifamilia, en el año 2006, para cuidarla.

“De esa casa salí huyendo donde unos familiares en Matiguás, pero ahí me ponían a vender guaro, porque tenían una cantina, y un tío me agarró a la fuerza y me enfermé y una señora me llevó al centro de salud”, expresa mientras esquiva la mirada y dice que le da pena hablar de eso.

Las mujeres del Grupo Venancia conocieron el caso a través de los médicos del centro de salud. La niña fue contagiada gravemente con una enfermedad de transmisión sexual, lo que obligó a someterla a un tratamiento severo y muy costoso que apenas acaba de terminar.

El caso es particularmente doloroso, porque además de haber sido violada por dos personas, el contagio de la enfermedad de transmisión sexual fue tan severo que el tratamiento le quemó los genitales y había que mantenerla descubierta y con cremas, "como se hace con las personas quemadas", explica la madre sustituta.

Desde hace ocho meses María (tampoco es su verdadero nombre) vive en un hogar donde dice sentirse cómoda y apoyada en todo. 

Mientras, las Mujeres del Grupo Venancia se encargaron de denunciar el caso. Pero aunque a través de exámenes se confirmó que el tío era el portador de la enfermedad y violador, este se encuentra prófugo de la justicia.

La menor dice que no entiende los asuntos legales, pero siente miedo de encontrar a su agresor en alguna parte. A Martha, en cambio, le duele y le indigna que los dos compañeros de clases que la violaron se paseen por la calle tranquilamente y en ocasiones hasta se burlen de ella.

“Tuve que contar muchas veces lo sucedido; abandoné la universidad porque la mamá de uno de ellos es profesora ahí. Están las pruebas y no me dieron respuesta en la justicia. Es muy difícil, pero hay que continuar la vida, hay cosas peores que le pasan a otra gente”, expresa mientras contiene las lágrimas para decir que se siente impotente.

Un paso a paso para denunciar la violencia.Infografía: Claudio Oviedo Borgen/La Boletina/CC

Ruth Matamoros, del Grupo Venancia, afirma que el nivel de acceso a la justicia en Matagalpa es lamentable. Reveló que en el 2008 sólo en el tres por ciento de los casos hubo sentencia a favor de las mujeres, y que hay 69 hombres agresores libres.

Matamoros considera que se requiere mayor compromiso de las autoridades judiciales frente al tema, porque para una mujer poner la denuncia es difícil, pero seguir el proceso es penoso, tedioso, con costos emocionales muy grandes y gastos que muchas veces las mujeres no tienen capacidad de afrontar, porque la mayoría son pobres.

Y si al final el agresor queda libre, resulta doblemente doloroso para ellas.

Ruth explica que llevar un proceso hasta el final requiere de fortaleza, porque las mujeres tienen que viajar muchas veces por la reprogramación de los juicios, tienen que ir a las pruebas de medicina legal, porque las del centro de salud se tienen que repetir, y pasar por numerosas entrevistas.

Mientras que Lgim Morales, de la Fundación Oyanca, una organización pionera en Jalapa, refiere que ellas han tratado de hacer coordinaciones con la Policía, la Fiscalía y el Minsa en los casos de violencia contra las mujeres, pero, en los últimos tres años, con la entrada en vigencia del Código Procesal Penal (CPP), se ha complicado la situación: hay un retroceso y retardación de justicia.

Explica que cuando el delito es muy grave pasa al juzgado de distrito (en este caso a Ocotal) y eso significa que la víctima tiene que ir con sus testigos. A veces han tenido que viajar hasta 14 veces con la víctima y los testigos porque constantemente se reprograman los juicios, lo cual desgasta a la víctima y a los testigos, hasta que llega un momento que ellas dicen “hasta aquí sigo, porque no hay justicia”.

Cuenta que en una ocasión regresaron de noche en el mismo bus con el acusado de violación a una señora, después que lo habían declarado inocente. Para colmo, el río estaba crecido y no había pasada, por lo que tuvieron que esperar en el mismo lugar la bajada del río con el acusado.

“Para la señora fue algo muy doloroso y le provocó temor, pero había dos oficiales del Ejército que también viajaban en el bus y eso nos dio tranquilidad, por lo menos”, recuerda Morales.

En Jalapa no existe Comisaría de la Mujer y sólo hay un fiscal itinerante que permanece dos o tres días en un municipio que tiene más de 64 mil habitantes (es el más grande del departamento), lo que provoca, según Morales, que muchos casos queden en la impunidad, porque las autoridades no son suficientes.

Infografía: Claudio Oviedo Borgen/La Boletina/CC

Odette Leytón, responsable de la Unidad de Género del Ministerio Público, está consciente de que hace falta muchos fiscales para dar una respuesta adecuada a las víctimas.

Actualmente sólo hay fiscales en 65 de los 153 municipios del país. Y en los lugares alejados, como Bluefields y el Tortuguero, aunque existen muchos casos y con pruebas, es difícil actuar, porque se requiere trasladar a la víctima, a los testigos, "y no hay recursos", explica.

Reconoce que el hecho de que los juicios sean públicos influye bastante en los desistimientos de las víctimas, y más cuando es dependiente económicamente del acusado, porque los hijos inducen a la madre a renunciar al caso.

Otro de los principales obstáculos, según Leytón, es que la víctima llega a cierto grado y después se retira porque se le traslada la obligación de presentar las pruebas, aunque formalmente esa es una responsabilidad del Ministerio Público y de la Policía.

Otro obstáculo es la reprogramación del juicio, más cuando se trata de una menor de edad que vive en la misma casa del hombre que la violó.

Leytón admite que para las víctimas es negativo que en el proceso se tenga que cambiar de fiscal, pero explicó que se debe a que el sistema colapsó, porque al entrar en vigencia el CPP un fiscal atendía el caso de comienzo a fin y ahora no se puede por falta de fiscales y recursos.

También explica que, de acuerdo al CPP, si no hay dos testigos, no hay caso. Por eso es importante trabajar con los equipos interdisciplinarios de la Comisaría de la Mujer, ver todas las facetas por las que pasan las víctimas: aislamiento, depresión, ausentismo laboral, falta de colaboración de los testigos, para estar pendiente cuando la víctima se arrepiente y ayudarle a sostener el caso.

En muchos casos, la víctima entra a un círculo dentro del proceso, porque el victimario siempre trata de convencerla y hacer sentir culpable, diciéndole que va a destrozar a la familia. A menudo los hijos también la presionan.

Y los defensores de los acusados, de forma no tan ética, también llegan a negociar, y proponen acuerdos extrajudiciales, ofrecen "el cielo y la tierra", y algunas mujeres desisten.

Infografía: Claudio Oviedo Borgen/La Boletina/CC

Para seguir adelante con los casos, a partir del año pasado, cuando la víctima desiste la Fiscalía hace uso de la ley, que le permite continuar de oficio y llevan al trabajador social, al sicólogo, al investigador con los estudios de campo que hacen para dar veracidad al testimonio de la víctima.

Pero Leytón recuerda un caso en que un hombre le prendió fuego a una casa con la mujer adentro. Se presentó la prueba, pero al final la mujer abandonó el proceso, y no se inició el juicio porque el judicial no lo permitió bajo el argumento de que “el Ministerio Público no podía ser más víctima que las víctimas”, cuenta.

Así, una de las quejas más constantes de las organizaciones de la Red de Mujeres contra la Violencia es el incumplimiento del Protocolo de Actuaciones por parte de los jueces.

Dicho Protocolo establece de forma detallada cuál debe ser abordaje con las víctimas para no revictimizarlas, ni actuar de forma tal que las desgaste y las lleve a abandonar el proceso.

Según la magistrada de la Corte Suprema de Justicia Yadira Centeno, quien es miembro de la Comisión de Género, se envió una circular a todos los jueces del país para que cumplan de forma obligatorio el Protocolo de Actuaciones.

Y además les han impartido seminarios para enseñarles el tema de género, lo cual se está haciendo extensivo a los profesores de derecho de las universidades. 

Centeno adelantó que la CSJ está diseñando la Política de Género del Poder Judicial, que será el marco dentro del cual deberán actuar todos los funcionarios cuando sea aprobado en los próximos meses. 

Pero, por lo pronto, la violencia y la impunidad parecen seguir imperando a varios niveles en la sociedad nicaragüense. Y sus principales víctimas siguen siendo las mujeres.

(Para la realización de este artículo La Brújula contó con el apoyo financiero de la Fundación Heinrich Böll)

Infografía: Claudio Oviedo Borgen/La Boletina/CC

• Los mil rostros de la violencia

La violencia es el uso de la fuerza, el dominio, la intimidación y el control contra una persona, para someterla y dominarla, obligándola a actuar contra su voluntad y en beneficio de quien ejerce la violencia.

La más común es la violencia física, que es el daño causado en el cuerpo de la mujer por medio de golpes, mordiscos, empujones, patadas o cualquier objeto o arma. Por ser la más visible, es la más reconocida social y jurídicamente con relación a los diferentes tipos de violencia.

Sin embargo, también existe:

Violencia sexual: La imposición de actos sexuales mediante la fuerza y la intimidación, en contra de la voluntad de la persona. Su objetivo es someter sexualmente a la mujer. Comprende violación, incesto, acoso sexual, estupro, explotación sexual comercial y trata de personas, entre otros delitos tipificados en el Código Penal.

Intimidación: Se da cuando el hombre atemoriza a la mujer con gestos, gritos, acciones violentas, destruye sus bienes, la amenaza con abandonarla o con hacerle daño a sus hijas e hijos o a los familiares de la mujer.

Violencia sicológica: Son las críticas destructivas sobre lo que hace, piensa o le gusta a la mujer. Son comentarios negativos sobre su cuerpo, cómo se viste, las decisiones que toma; es todo lo que indique desprecio y desvalorización como persona. Es la manipulación, amenazas, insultos, humillaciones y chantaje, para que la mujer haga lo que él quiere.

Violencia económica o patrimonial: Se produce cuando el hombre controla el acceso al dinero, bienes muebles e inmuebles por diferentes vías: ya sea impidiendo a la mujer que trabaje, obligándola a entregarle su dinero o negándose a pagar la pensión alimenticia para sus hijas e hijos. También se da cuando él mantiene control absoluto de las propiedades y bienes que han sido acumulados durante la convivencia de la pareja y por lo tanto pertenecen a ambos.

Violencia institucional: Se produce cuando las instituciones y sus funcionarios violentan los derechos de las mujeres, al no atenderlas de manera respetuosa ni dar soluciones a sus problemas.

Femicidio: Es el asesinato de una mujer aprovechándose de la condición de subordinación que ella vive por ser mujer. Constituye la mayor violación a los derechos humanos de las mujeres y el más grave delito de violencia de género.

Fuente: "Queremos vivir sin violencia". Suplemento especial de La Boletina.

• ¿Qué podés hacer vos?

En diciembre del año pasado la revista feminista La Boletina —una publicación de la Fundación Puntos de Encuentro que desde hace 18 años circula de forma gratuita entre las mujeres organizadas de Nicaragua— publicó un suplemento especial dedicado al tema de la violencia contra la mujer. De ahí tomamos estos valiosos consejos.

Si sabés de alguna amiga, vecina, compañera de clases o de trabajo que vive algún tipo de violencia, vos podés:

• Explicarle que no está sola, que este es un problema social que viven muchas mujeres.
• Escucharla sin juzgarla, evitando frases que la hagan sentir culpable o avergonzada. No le hagás preguntas sólo para satisfacer tu curiosidad.
• Ayudarle a comprender que esto pasa porque el agresor quiere controlarla y no porque ella sea mala. Insistir en que la única responsabilidad es del agresor.
• Hablar con otras personas cercanas a ella para que le brinden apoyo y solidaridad y explicarles que la violencia es un delito y que no hay justificación para que una persona agreda a otra.
• Hacerle entender que si el hombre emplea violencia es para mantener su poder y querer controlar la vida de la mujer. Los conflictos no se resuelven con violencia, sino con el diálogo. No se trata de vencer y someter al otro, sino de encontrar la mejor solución para todas las personas.

Si estás viviendo algún tipo de violencia, nuestras recomendaciones son:

• Hablá con alguien de tu confianza, contale lo que vivís. Eso es romper el silencio; el primer paso para enfrentar la violencia es hablar sobre ella, buscar apoyo es importante para salir de la violencia.
• Buscá personas que comprendan el problema, que estén abiertas a escucharte sin juzgarte. Si la persona que escogiste para hablar te insinúa que es tu culpa, mejor buscate otra interlocutora.
• Podés dirigirte a una mujer organizada o a un centro de mujeres.
• Recordá que la violencia es un delito que tiene castigo, por lo tanto podés denunciarlo ante la Comisaría de la Mujer y la Niñez, la Policía, los juzgados. Las personas que trabajan para el Estado tienen la obligación de protegerte y sancionar al agresor.
• Si un vecino, tu pareja, compañero de trabajo u otro hombre te está violentando, pensá en que sos una persona valiosa e importante y no merecés ser maltratada.
• Si sentís miedo a que te mate es porque de verdad estás en riesgo de que eso pase. Es momento de alejarte del peligro y ponerte a salvo cuanto antes.

En tu comunidad o barrio:

• Si te enterás de que un hombre le está pegando a su pareja, llamá a la Policía o intervení para que deje de agredirla. La Policía está autorizada a entrar a la casa y detener la violencia y quitarle al agresor el arma, aunque él tenga permiso de portación.
• Si ves en la calle que están golpeando a una muchacha, mujer adulta, niña o adolescente, no te hagás de la vista gorda: actuá llamando a la Policía o defendiendo a la víctima, junto a otras personas que también estén cerca.
• Si te das cuenta de que alguien está explotando sexualmente a una niña o adolescente, hay que poner la denuncia ante la Policía o el Ministerio de la Familia.
• Si una persona menor de edad te cuenta que un familiar la está tocando, creele y ayudale. Ninguna niña o niño pueden inventar situaciones sexuales que no han vivido. Podés buscar a alguien a quien ella le tenga confianza —puede ser la madre, la profesora o una organización de mujeres— para detener el abuso y tomar medidas.
• Si escuchás o ves que alguien está pegándole a una niña o niño, supuestamente para disciplinarlo, es tu obligación social pedirle que no use la violencia. Si el problema continúa, podés contactarte con el Ministerio de la Familia para exponer la situación.

Podés leer La Boletina online en www.puntos.org.ni/boletina.